No tengo ninguna relación con la Universidad de Costa Rica. No soy profesor, ni trabajador y tampoco tengo ningún vínculo con esa institución de educación superior. Sí tengo conocidos que trabajan allí, docentes, administrativos y estudiantes, razón por la cual uno se entera de cosas que pasan allí.
El tema que deseamos analizar, se resume en un hecho que ha sido plenamente verificado e incluso reconocido, a saber: la firma del Rector en un documento en que se nombra a su hija. ¿Cómo se valora o califica el hecho? Eso es un asunto diferente.
Teniendo en cuenta que el hecho se produjo y que existe dentro del ordenamiento jurídico normas que prohíben este tipo de hechos, lo que procede es valorar o analizar si la acción fue dolosa o culposa. Para ello es necesario que la UCR haga el procedimiento correspondiente para establecer si el Rector cometió una infracción o no al ordenamiento jurídico, claro está, respetando todo lo que establece el derecho al debido proceso garantizado constitucionalmente.
Los miembros de la comunidad universitaria deben tener claro que la sociedad costarricense espera una actuación en que la UCR muestre una actuación clara para resolver este hecho concreto. Mal harían los órganos universitarios encargados de decidir este tipo de situaciones, en no evidenciar una acción transparente para que este caso sea resuelto de manera transparente y conforme a Derecho.
Lo más inteligente que pueden hacer frente a la sociedad costarricense y a la comunidad universitaria, es abrir un proceso en que se establezca, claramente, qué pasó en este caso. Le harían un mal a la UCR como institución y al Rector como autoridad, si no se disipa cualquier duda en relación con lo sucedido con el nombramiento de su hija.
Ahora bien, no veo que esta solicitud a la UCR o a los miembros de la comunidad universitaria, vaya en contra de la autonomía universitaria. Al contrario, se está instando a la propia universidad el hacer las acciones correspondientes para este tipo de casos, empero, ello no obsta para hacerles ver que tienen una responsabilidad frente a la sociedad costarricense que los está observando y analizando.
Solicitar que se esclarezca este hecho en el que está involucrado el Rector y su hija, por ningún lado que se le mire, cuestiona la autonomía universitaria. Tampoco una solicitud como esta cuestiona la libertad de cátedra, la investigación y la acción social que realiza la UCR, actividades todas que la sociedad costarricense agradece y promueve. Quien haga semejante señalamiento, deja mucho que desear y no resiste el más mínimo análisis lógico.
Menos lógico resulta “argumentar” que la UCR está lleno de lazos de parentesco. Semejante planteamiento podría dar lugar a una discusión en relación con el nepotismo a lo interno de esta casa de estudios superiores, sin embargo, ese sería otro tema y lo que se está analizando es algo muy concreto: ¿Es o no jurídicamente correcto que el Rector de la UCR haya firmado un documento en que está involucrada su hija?
Tampoco resulta pertinente alegar que la firma del Rector es la última en una cadena de firmas que involucra a otros funcionarios universitarios. Podrá ser la última, pero ello no lo exonera de la responsabilidad que ello implica; de hecho su rúbrica es la que tiene la potestad de representar a toda la UCR, ello de conformidad con lo que establece el propio Estatuto Orgánico de esa casa de estudios superiores. Se podría alegar que el señor Rector no leyó lo que estaba firmando o que sus asesores no le advirtieron las consecuencias de su firma, lo cierto es que en ningún caso eso lo libera de su responsabilidad.
En síntesis, nadie le está imponiendo absolutamente nada al Consejo Universitario o a la Asamblea Plebiscitaria de la UCR. Al contrario, estas instancias tienen una responsabilidad histórica ante la sociedad costarricense y ante la comunidad universitaria, les corresponde adoptar una decisión que permita al Rector y a la UCR disipar toda duda respecto a las actuaciones de sus funcionarios, en este caso, de su máxima autoridad administrativa: el Rector.
Insisto, lo más inteligente que pueden hacer es que en un procedimiento de investigación institucional, den la oportunidad a las partes involucradas de esclarecer este hecho. Así la UCR en general y el Rector en particular, de una vez por todas, podrán disipar cualquier clase de duda que exista en relación con este asunto.
En lugar de observar el proceso de investigación como un riesgo o como una afrenta contra el Rector, deberían verlo como una oportunidad de oro para saldar este asunto ante la comunidad universitaria y nacional. Total, como dice el dicho: ¡El que nada debe, nada debería de temer!
Espero que este artículo no me haga una persona que atenta contra la universidad pública y en concreto, contra la UCR. Ojalá que el texto aquí escrito no me convierta en un privatizador de la educación superior costarricense. Guardo la esperanza que estas líneas no generen que me declaren no grato en alguna instancia de la UCR o que digan que le hago el juego al Sindicato de esa universidad que, por cierto, está bastante desprestigiado.
Solo es la opinión de un ciudadano común que tiene la posibilidad de expresarla en este medio de comunicación. Tengo el mayor de los respetos y admiración por la UCR y su función en la sociedad costarricense, comprendo perfectamente por qué el artículo 84 de la Constitución Política le otorga independencia para el desempeño de sus funciones; sin embargo, ese respeto y admiración son los que me hacen instarlos para que den el ejemplo a seguir en este tipo de casos. ¡Lucem Aspicio!
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