¿Y la seguridad jurídica del pueblo?

Hace algunas semanas escribimos en esta misma columna unas líneas que titulamos: “El cuento de la seguridad jurídica”. Allí mencionamos como este término se ha popularizado sin que aquellas personas que lo utilizan, tengan claro el origen y sobre todo, lo que se pretende tutelar con este valor jurídico.

En la actualidad, prácticamente, se utiliza sólo para referirse al ámbito de las inversiones. Se habla que los inversores, especialmente externos, necesitan seguridad jurídica para invertir en el país y que sin ella, se van a ir a otras latitudes con sus dólares o euros. Sin ella, algunos dicen que Costa Rica volverá a los tiempos de la colonia o peor aún, a la época precolombina.

La seguridad jurídica de la que hablan estos personajes, la mayoría de las veces, está circunscrita a la obligación del gobierno de turno de respetar los contratos que se han firmado con empresas extranjeras. De acuerdo con esta forma de entender la seguridad jurídica, no importa si los contratos firmados son abiertamente lesivos para el Estado costarricense y establecen cláusulas de indemnización que beneficia sólo al inversor extranjero, lo único que importa es respetar eso que ellos llaman seguridad jurídica.

La seguridad jurídica es un valor y no se circunscribe a lo que esta visión financista y reduccionista pretende hacer creer. Antes que nada, debemos tener claro que se trata de un valor; es decir, estamos hablando de algo que los seres humanos consideramos valioso y necesario para nuestra vida.

La seguridad jurídica es la manifestación en el mundo del Derecho de una de las necesidades básicas de cualquier ser humano, a saber: que otra persona o el Estado por medio de sus órganos no le quite lo más preciado que todo ser tiene y que le permite desarrollar su existencia.

Ahora bien, lo más preciado que tiene cualquier ser humano en cualquier sociedad es su vida. Sin la vida no puede desarrollarse como persona y todas las demás cosas dejan de tener sentido, en otras palabras, como dijo Ortega y Gasset parafraseando a Descartes: “Vivo luego existo”.

En consecuencia, en determinado momento de la historia de los seres humanos, se consideró necesario que este valor (la vida), fuera incorporado al ordenamiento jurídico para ser protegido por medio del uso legítimo de la fuerza. Dicho en otros términos, los miembros de la sociedad llegan al acuerdo que al considerar valiosa la vida humana, se debe brindar seguridad a las personas que sus semejantes o el Estado no realizará acciones (prohibición) que atenten contra ese valor básico y que serán sancionados por medio de la fuerza aquellos actos que estén en contra de ese valor.

La seguridad jurídica, por tanto, es un valor que considera importante que los miembros de una sociedad tengan la certeza que cualquier conducta que atenta contra su vida, será objeto de sanción por el ordenamiento jurídico con la ayuda de la fuerza legítima. La certeza se convierte en el elemento clave cuando hablamos de seguridad jurídica, sin embargo, la realidad nos muestra que no hay tal certeza y que la seguridad jurídica la tendrán aquellos que tengan el poder de hacerla efectiva.

Y aquí es donde está el punto medular del asunto, se habla de seguridad jurídica para los inversionistas y uno se pregunta: ¿Y la seguridad jurídica de los costarricenses? Uno sale a la calle con la certeza contraria, es decir, que hay altas probabilidades que le quiten a uno la vida para robarle cualquier cosa y que ese acto tiene altas probabilidades de quedar impune; en otras palabras, que la protección que se supone el Estado realiza y garantiza por medio de sus órganos, finalmente, no se está realizando eficazmente.

La seguridad jurídica más básica y por la cual nació el Estado moderno se convierte en una ficción en Costa Rica. Sin embargo, los medios de comunicación y las autoridades de gobierno no hablan de proteger la seguridad jurídica de los costarricenses, sólo hablan de proteger una seguridad jurídica interesada y que está referida a un sector inversionista que no le interesa en lo más mínimo el desarrollo de la sociedad costarricense.

La seguridad jurídica es un valor que es utilizado por los conservadores y reaccionarios para defender intereses que, usualmente, son consignados en textos legales debido a que tienen el poder o la fuerza (política, económica o ideológica) de exigir su realización. Se trata de un valor que atenta y está en abierta contradicción con el valor justicia.

Por ejemplo: ¿Es justo o no que a la empresa OAS se le haya pagado varios millones de dólares por un contrato que no ejecutaron? ¿Es justo o no que a Industrias Infinito se le deba pagar una indemnización por habérsele otorgado la posibilidad de realizar una actividad que atenta contra el ambiente? ¿Es justo o no que a una empresa portuaria se le otorgue una concesión en condiciones que atentan contra los intereses del Estado costarricense?

La respuesta a esta pregunta depende del significado que se le otorgue a la palabra justo. Históricamente hay grupos que defienden la idea que lo justo es lo que está escrito (positivismo jurídico) y que, por tanto, lo justo es respetar lo consignado textualmente en la ley o en estos casos, en los contratos firmados por los gobiernos de turno.

En el fondo se está hablando del mismo argumento de la seguridad jurídica entendida como el respeto a lo establecido en la ley o en el contrato entre las partes. Se trata de eufemismos y más claramente de argumentos falaces para encubrir los intereses que hay detrás de este tipo de formalismos jurídicos.

En todo caso, el punto medular no está en la manipulación que se haga del significado del valor seguridad jurídica o del valor justicia. El problema real está en la impunidad de la que han gozado una serie de nefastos personajes para obligar al Estado costarricense a soportar condiciones lesivas para el interés nacional, en otras palabras, se establecen cláusulas que asegura a una sola de las partes ventajas contrarias a la equidad (Cláusulas Leoninas).

Por eso cuando escuchamos a periodistas, políticos, leguleyos y hasta economistas hablar de seguridad jurídica, es necesario preguntarse: ¿Qué seguridad jurídica es la que hablan?

Lo que sí está claro es que no es la seguridad jurídica básica que el Estado debe brindar al común de los mortales. Todos los días se escucha que asesinaron a una persona inocente y uno se pregunta: ¿ Y la seguridad jurídica de esas personas? ¿Esa seguridad jurídica básica no la protege el Estado? ¿Es más importante la protección de los intereses de los inversionistas extranjeros?

Volvemos al inicio. Es una cuestión de valoración y en este caso, a los grupos dominantes les interesa más o valoran más la protección de los intereses económicos y financieros. Esto es así porque creen que ellos no tienen problemas de inseguridad jurídica básica, es decir, ellos no van a ser objeto de un asesinato debido a los lugares en los que viven o en los que se mueven.

De hecho lo que han optado es, al mejor estilo del medioevo, vivir en “castillos” amurallados en los montes aledaños a la ciudad de San José. Allí no entran los asesinos comunes, esos que matan a una persona por un teléfono móvil; tampoco ese tipo de delincuente se va acercar a un club privado o robará un auto de alta gama, debido a que no tiene salida en el mercado.

Ante esta realidad, la única seguridad jurídica que importa es la de las inversiones o mejor dicho, la de los inversionistas. ¿Y la seguridad jurídica del pueblo? Esa…, pues…: ¡Que se jodan!

Artículo publicado en el Diario Digital El País.cr, el lunes 27 de octubre de 2014

¿Hay empresarios responsables que pagan sus tributos?

El tema de los impuestos se ha vuelto complicado, especialmente, porque hay algunos empresarios que no están dispuestos a pagarlos o simplemente buscan como evadirlos. Esta es la impresión que se tiene cada vez que se toca este tema en la Asamblea Legislativa y se observa a los lacayos haciendo todo lo posible para que no se reforme la estructura tributaria regresiva que existe en Costa Rica.

No obstante y a pesar de ello, hay empresarios que no están en contra de pagar impuestos, tampoco se resisten a tener un sistema tributario progresivo. Están dispuestos a promover una sociedad más equitativa y en robustecer los mecanismos de solidaridad social, ya que esto es necesario para tener un costarricense mejor preparado para enfrentar los retos del siglo XXI.

Incluso hay empresarios dispuestos a pagar impuestos directos, pero que exigen que el Estado ponga en cintura a sus colegas evasores. No se vale que haya empresas que cumplen religiosamente sus obligaciones tributarias y que otras no lo hagan o que esa situación les permita tener ventajas en relación con sus similares.

Ello genera un desequilibrio que repercute en la ética empresarial, ya que la ineptitud del Estado en el cobro de impuestos favorece a unos y perjudica a otros. En otras palabras, el problema perjudica a todos desde diferentes aristas y en eso hay que tener una visión de conjunto para emitir una política tributaria que corrija todas las irregularidades que se han venido dando desde siempre.

No es conveniente que haya empresarios que siempre han honrado sus responsabilidades con la Caja Costarricense del Seguro Social, y por el contrario, hayan empresas que no solo incumplen sus obligaciones sino que, incluso, se dejan el dinero de las cuotas de sus trabajadores. Estas y otras situaciones son las que desmotivan a los empresarios responsables y que no tienen problema en pagar sus obligaciones para con el Estado.

Hay empresarios dispuestos a pagar impuestos, sin embargo, el Estado tiene que cumplir con su parte del trato. Para empezar tiene que poner en cintura a los empresarios evasores, a los que no pagan la seguridad social, a los que por medio de tácticas jurídicas y contables, realizan competencia desleal e inducen distorsiones en el mercado de bienes y servicios.

Los funcionarios gubernamentales tienen que cumplir con sus obligaciones, de lo contrario, los buenos empresarios y el pueblo en general, tenderán a considerar legítimo el desconocimiento de sus obligaciones tributarias. Decía Cesare Beccaria en materia penal, que es mejor que haya sanción, aunque sea pequeña, a que haya impunidad y los posibles infractores crean que sus acciones quedarán por siempre sin sanción.

Desde la izquierda hay la tendencia a valorar negativamente a todos los empresarios. Sin embargo, hay personas que han logrado crear y desarrollar una empresa con mucho trabajo y sacrificio, le dan empleo a muchas personas y tratan bien, patrimonial y socialmente a sus empleados; dicho en otras palabras, no todos los empresarios costarricenses se pueden denominar, como algunos pretenden, capitalistas, explotadores y otro tipo de adjetivos negativos.

A la pregunta que hacemos en el título se puede responder afirmativamente. No obstante, ello debe llevarnos, como sucede en otros países, a respetar a los que sí cumplen con la hacienda pública y a señalar a los que procuran evadir sus obligaciones tributarias. Se suele generalizar los aspectos negativos y se desconoce el esfuerzo que realizan muchos para el crecimiento económico del país, no todos se comportan de la misma manera.

Si queremos que este país avance debemos pagar y aumentar la carga tributaria. Lo que pasa y aquí se debe ser muy vehemente, eso significa que cada costarricense pague de acuerdo a sus ingresos y no como sucede en la actualidad, que los impuestos recaen en los sectores medios o bajos; en otras palabras, es necesario revertir la injusticia que se ha dado en materia tributaria.

Basta ya de argumentos retóricos que tratan de esquivar esta responsabilidad diciendo que primero se debe cobrar los impuestos existentes y luego crear nuevos impuestos. Ya hemos visto que cuando se intenta cobrar los tributos, los de siempre, comienzan a asustar con el cuento que ello va generar despidos y la quiebra de las empresas; los empresarios responsables deberían denunciar a los que no quieren honrar sus obligaciones para con el país y no al contrario, pretender seguir las mismas conductas de esos evasores e irresponsables.

Tampoco valen los argumentos que los impuestos directos no son significativos y que por eso, nuevamente, se debe aumentar los impuestos indirectos. Ya los sectores medios y bajos no aguantan subsidiar una serie de incentivos que se le otorga a empresarios que no están dispuestos a pagar sus tributos como la ley lo demanda; si se van a crear nuevos impuestos, es necesario modificar la estructura tributaria de una vez por todas y que cada uno tribute en función de los ingresos que realmente recibe.

Con un sistema progresivo, las instituciones de carácter social no pasarían las calamidades que han pasado en los últimos treinta años. Es curioso que no se hable de recortar incentivos en los sectores que han ganado cualquier cantidad de dinero en los últimos años, sólo se habla de recortar a ciertas instituciones que han sido pilares del crecimiento y de la estabilidad social de este país.

El problema fiscal hay que atenderlo, pero no a costa de los que menos tienen.

Artículo publicado en el diario digital El País.cr, lunes 20 de octubre de 2014

El agua todavía no es un derecho

En estos días hemos podido observar algunos problemas en relación con el tema del agua. Los medios de comunicación han desinformado que los vecinos de la comunidad de Tacares de Grecia no han permitido o no quieren que se inicie un proyecto para ampliar la cantidad de agua que está destinada a la comunidad de Atenas.

No obstante, escuchando a los vecinos de Tacares, uno se da cuenta que no es un problema de falta de solidaridad o de egoísmo de parte de ellos. El problema tiene que ver con algo que viene sucediendo en otras comunidades, a saber: se quiere que esa agua sea utilizada para proyectos urbanísticos de lujo con un alto consumo del preciado líquido.

Recordemos que en la comunidad de Sardinal se presentó una situación similar. Con el argumento que el agua es de todos, se quería proporcionar el servicio a un gran desarrollo que iba ocupar grandes cantidades de agua y ya todos sabemos lo que ocurre cuando se tiene esos vecinos: Ellos terminan acaparando toda el agua y la comunidad del lugar queda desabastecida.

He escuchado que en la comunidad de Potrero en Guanacaste está sucediendo una situación similar. Los miembros más longevos del pueblo, con mucho esfuerzo, hace años con pico y pala cavaron los pozos que alimentan la ASADA del pueblo; sin embargo, ahora se ha hecho un mega-proyecto turístico que pretende abastecerse de esa fuente de agua potable y claro, ahora encuentran muy fácil alegar que todas las personas tienen derecho a esa agua.

Como se puede apreciar en los tres ejemplos descritos, hay un uso instrumental e interesado del argumento de la igualdad. Para unas cosas somos iguales y para otras no lo somos. Se es igual para aprovecharse de un recurso hídrico que ha costado mucho proveer y no se es igual en el disfrute de los beneficios de esa misma agua. 

Tenemos que tener claro que en este momento el agua no es un derecho. En la Constitución Política no existe un artículo, un inciso o una línea en que se consigne el derecho constitucional de cada costarricense al agua; en otras palabras, jurídicamente, el agua no es un derecho sino que se entiende como un bien de los llamados demaniales.

¿Qué diferencia hay entre un bien demanial y un derecho incorporado a la Constitución Política? El bien demanial es aquel que es propiedad del Estado, es decir, son bienes de dominio público; debido a esto, el gobierno de ese Estado podría decidir concesionar o determinar que un ente privado lo explote. Es lo que sucede, por ejemplo, con el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación; o también, lo que ocurre con la explotación que algunas empresas privadas hacen de los recursos marítimos.

En consecuencia, el agua podría correr una suerte parecida. Un gobierno cualquiera, de la ideología que sea, podría decidir cerrar el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otorgar a una empresa la explotación de este bien demanial; situación que generaría que si una persona no puede pagar el suministro de agua, no se le proveería de este líquido vital para vivir.

Hace poco pude ver un documental en el que una empresa francesa que explota el agua en Bolivia, no le suministraba el servicio a las personas que no podían pagar. Había gente humilde que vivía a la par de la planta de agua de los franceses e incluso las tuberías de distribución pasaban frente a sus casas, ¡increíble!, y no tenían ni una gota de agua para sus necesidades mínimas.

Alguien podría alegar que aquí no sucedería este tipo de cosas porque la Sala Constitucional ya ha emitido sentencias diciendo que se debe garantizar el servicio y que no se les puede cortar el suministro sin avisarle al abonado. El problema es que la jurisdicción constitucional podría cambiar de opinión si en lugar de una institución pública es una empresa privada la que se encarga de brindar el servicio de agua; es decir, no se puede estar a expensas de las decisiones de la Sala Constitucional.

La mayoría de la gente creen que tenemos derechos por el mero hecho de ser personas. Esta es una idea errónea que fue impulsada por el viejo derecho natural y que sirvió en su momento para impulsar la mayoría de los derechos individuales que actualmente constan en las constituciones políticas de los países; sin embargo, esos derechos para que fueran constitucionalizados y respetados por el poder político, tuvieron que ser peleados por aquellos que en su momento no tenían libertad de expresión, libertad para reunirse, libertad para profesar la religión que quisieran, en fin, las libertades como las conocemos actualmente.

En ese sentido, se puede estar de acuerdo en que el agua sea un derecho, pero ello es sólo una aspiración si no se tiene las herramientas para hacer efectivo ese deseo. Dicho de otra manera, si ese anhelo no es incorporado al ordenamiento jurídico, no se le puede llamar un derecho en el sentido pleno del término y por tanto, tampoco se puede exigir su realización desde el punto de vista jurídico.

Entendámonos. Todos podemos estar de acuerdo en que el agua se convierta en un derecho, incluso para darle mayor fuerza a ese deseo, le podemos llamar derecho humano al agua; sin embargo, no es lo mismo que ese derecho esté debidamente incorporado al texto constitucional, a que sea una aspiración a la que le colgamos la etiqueta de ser un derecho humano.

Ahora bien, es mejor que el derecho esté en la Constitución Política a que no esté. El hecho que el agua se incorpore al texto constitucional como derecho, permitirá a cualquier persona utilizar los instrumentos jurídicos de garantía para procurar que ese derecho sea eficaz; en cambio, si el agua se mantiene como un bien demanial o de dominio público, ese derecho no solo no existe sino que, además, no podría exigirse al proveedor del agua este líquido vital.  

Si a el agua lo convertimos en un derecho debidamente incorporado en el texto constitucional, nos aseguramos que el Estado, por medio del gobierno, tenga la obligación de hacer eficaz ese derecho constitucional al agua. Ello significa, indirectamente, que no podría darse en concesión u otorgar a una empresa privada la explotación del agua, con lo cual el pueblo de Costa Rica se asegura la posesión de este bien tan preciado; y por otro lado, no podría haber personas que por su condición económica, tuvieran que morir porque no pueden pagar por el agua.

En síntesis, podemos decir que el agua es un derecho humano para crear consenso alrededor de esta idea y lograr que la gente se movilice en favor de este anhelo; sin embargo, la lucha debe estar orientada a que el agua se convierta en un verdadero derecho y ello ocurrirá cuando esté debidamente incorporado en la Constitución Política de Costa Rica. 

Ya se hizo un referéndum para algo que ha mostrado no tener los beneficios que algunos decían para el pueblo de Costa Rica. Afirmaban que iba haber pleno empleo y que todos tendríamos la posibilidad de comprar un vehículo del año, es decir, íbamos, al mejor estilo de G.W. Villalobos, a sujetar los perros con collares de salchichón. Desgraciadamente hubo gente que les creyó.

Pues bien: ¿Por qué no hacer un referéndum para que el agua se convierta en un derecho debidamente incorporado en la Constitución Política de Costa Rica?

Estoy claro que la idea no es nueva y tampoco pretendo apropiarme de ella, simplemente, la vuelvo a poner en el tapete para discutirla y ojalá, llevarla a la práctica.

Porque, aunque parezca increíble, la propuesta de referéndum para que el agua sea un verdadero derecho, tendría mucha oposición. Hay interesados en el negocio del agua y esos serían los primeros en oponerse a que el agua sea un derecho constitucional. De hecho son los que han estado promoviendo el engaño que un derecho al agua constitucionalizado es igual a que sea un bien demanial o de dominio público. 

Tenemos la palabra los costarricenses.

Artículo publicado en el diario digital El País.cr, lunes 13 de octubre de 2014

La Costa Rica inquisitorial

La Inquisición fue una institución dedicada a la supresión de la herejía. Fue un tribunal que se estableció en la europa medieval para castigar los delitos contra la fe, el hereje era aquella persona que negaba alguno de los dogmas establecidos por la religión; o dicho en términos más mundanos, aquel que se apartaba de la línea oficial seguida por una institución u organización integrante de una determinada sociedad.

La Inquisición medieval nació en 1184 en el sur de Francia. Luego en 1249 se implantó en el reino de Aragón, siendo esta la primera de carácter estatal; una vez que se realizó el matrimonio de Fernando de Castilla e Isabel de Aragón, a partir de 1478, la Inquisición se extendió a todo el reino de España, incluyendo las tierras conquistadas en el continente americano.

Cuando se comenzó el proceso de conquista se instauró lo que se llamó el Tribunal del Santo Oficio. Este tribunal estaba subordinado al Consejo de la Suprema Inquisición que estaba dirigido por el inquisidor general, quienes contaban con un grupo de personas encargadas de fungir como consultores y decidir sobre los asuntos considerados más graves. Uno de los inquisidores generales más famoso fue: Tomás de Torquemada.

Entre los primeros procedimientos al establecerse el Tribunal del Santo Oficio estaba la ceremonia del juramento. Allí los asistentes juraban denunciar a todas las personas que ellos consideraban sospechosas y a prestar al tribunal toda la ayuda para poder cumplir con sus cometidos; no obstante, toda denuncia que se hiciera era válida, incluso aquellas de carácter anónimo.

El acusado nunca era informado de las personas que lo denunciaron y tampoco de los testigos que participaban en el proceso. Una vez denunciado, se le abría una investigación secreta y la persona era apresada y sus bienes eran asegurados o embargados; en otras palabras, el indiciado era culpable hasta que se demostrara lo contrario, con lo cual imperaba un principio de culpabilidad y no el principio de inocencia que tenemos en la actualidad.

Los acusados de la Inquisición, normalmente, eran personas que habían sido denunciados porque eran calificados o considerados como brujas, blasfemos o herejes. El debido proceso tal y como lo conocemos en la actualidad, no se les aplicaba; las personas eran consideradas culpables desde que eran denunciadas y correspondía a ellas aportar las pruebas de su inocencia aún estando en prisión. 

Es de sobra conocidas las penas que estas personas recibían desde el momento que eran denunciadas. Desde ser sometidas al escarnio público por medio del uso de atuendos marcados, hasta la pena capital de morir en la hoguera para que el fuego hiciera su trabajo de purificar aquella alma sometida a los designios del maligno.

Pues bien, de un tiempo para acá en Costa Rica estamos viviendo una especie de Inquisición moderna a la tica. Con la excusa de defender unos postulados éticos que no están nada claros, han aparecido nuevos inquisidores que, al mejor estilo de Torquemada, han encontrado en algunos medios de comunicación colectiva la vía para condenar  en la hoguera mediática-pública a personas y sin que medie la mínima posibilidad de defensa por parte del sujeto denunciado.

Lo curioso es que la Inquisición mediática, como siempre, no funciona igual en todos los casos. Por ejemplo, se suele denunciar a personas que ocupan cargos públicos porque le deben dinero a la Caja Costarricense del Seguro Social, cosa a la que no nos oponemos; sin embargo, no se denuncia y mucho menos se da el nombre de los dueños de empresas privadas que deben sumas exorbitantes a la seguridad social. ¿Saben ustedes quiénes eran los dueños del Hotel La Condesa? ¿Saben ustedes quiénes son los dueños de las compañías bananeras que hace años deben millones a la Caja Costarricense del Seguro Social?

Hace no mucho tiempo se sometió a una serie de personas a la Inquisición mediática porque debían impuestos o porque sus propiedades estaban subvaloradas. No obstante, uno de los medios de comunicación de más influencia en Costa Rica evade impuestos impunemente y acaso han dicho los nombres de los dueños de ese diario de circulación nacional. ¿Saben ustedes quienes son los accionistas mayoritarios de un diario ubicado en Llorente de Tibás? ¿Por qué a estos evasores se les deja escudarse en un nombre comercial y no se denuncian a las personas de carne y hueso?

Hay personas que al mejor estilo de Torquemada o de Savonarola, no tienen el menor sonrojo para señalar con el dedo acusador a otras, acusando faltas a una ética ambigua y maniquea. Siempre he desconfiado de ese tipo de personas que se creen los dueños de la verdad y la razón, asimismo, recelo de aquellos que creen que sus creencias religiosas, éticas o filosóficas son las únicas y verdaderas. Aunque no soy religioso, siempre me ha resonado en mi cerebro aquello de: ¡El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra!

El último que ha sido quemado en la hoguera mediática es una persona que le hizo una zancadilla a una muchacha de un equipo de fútbol femenino. Este hecho, por supuesto, nadie lo aprueba, subrayo para que no quede duda, la acción de zancadillear es reprobable, independientemente, que se lo haya hecho a una mujer o que se lo hubiere hecho a un hombre.  

Aquí lo diferente es como se valora o califica el hecho por haberse tratado de una mujer. En este caso, la Inquisición moderna a la tica quemó vivo al “agresor”, con la complacencia de muchos de los lectores, radioescuchas y televidentes; al mejor estilo de lo que sucedió en el Campo de Fiori con Giordano Bruno. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de una mujer hubiese sido un hombre el que fue objeto de la zancadilla? ¿Por qué en un caso se despliega todo el arsenal inquisitorio y en el otro se tolera, exactamente, la misma conducta? ¿Por qué para unas cosas se habla de una igualdad entre hombres y mujeres (puestos políticos, salarios), pero en otros casos se aboga por una diferenciación porque se considera que el hombre es más fuerte que la mujer?

La respuesta es muy sencilla, porque ello depende de la posibilidad real que tienen los grupos de una sociedad para hacer prevalecer o imponer sus ideas e intereses a los demás. En cada momento histórico determinados grupos han logrado hacer prevalecer su forma de ver la realidad (ideología) y castigar a las personas que osan ir en contra de su forma de interpretar y entender el contenido de los valores sociales.

Lo repito una vez más y para que no quede duda. La discusión no es si la persona que comete la falta debe o no ser sancionado, sino la forma en cómo se juzga a la persona y la valoración que se hace del hecho. Estamos viviendo una época en que ciertos grupos o individuos se creen dueños de la verdad absoluta, consideran que la forma en cómo entienden la ética es la única posible y que a partir de sus ideas, tienen la potestad de juzgar y sancionar a cualquier persona que consideren contrarios a sus designios.

Lamentablemente, como ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, hay muchas personas que se hacen cómplices de ese tipo de conductas. Da vergüenza observar opinólogos, perdón expertos, que no tienen el carácter para emitir una opinión contraria a lo que dice el director o el periodista del medio de comunicación en el que participa; supongo que por temor a no ser considerado para futuras ocasiones o en muchos casos, vaya usted a saber, porque no tiene los conocimientos reales que aparenta tener. 

Muchos periodistas y personas vinculados a los medios de comunicación lo que hacen es emitir una serie de valoraciones, usualmente sesgadas, sobre los hechos que deberían informar. Lo peor es que procuran inducir en los receptores sus criterios, con el propósito de justificar y reafirmar su posición; repito, su deber ético fundamental es informar los hechos y balancear la información, es decir, informar sobre todas las partes involucradas en el acontecimiento y no ponerse a emitir juicios de valor. 

Lo mismo sucede con los políticos de todas las esferas de la sociedad costarricense. La mayoría de las veces están prestos para señalar al contrario y arengar a las masas para que cojan las antorchas digitales (facebook o twitter) para ir por el hereje y quemarlo en la plaza pública digital y social. Como siempre, no se puede generalizar, pero son contados con los dedos de una mano y sobran dedos, los que no se apuntan a este tipo de Inquisición mediática.

Hasta Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hemos visto con este tipo de conductas. Lo más sorprendente ha sido observar a algún integrante de la Sala Tercera que, se supone, maneja al dedillo la historia del proceso penal, justificar algunas conductas inquisitoriales de los medios de comunicación; cuando deberían ser los primeros en oponerse a este tipo de conductas y orientar a la sociedad por los cauces de un sistema acusatorio, que le permita a las personas tener derecho a un debido proceso.

El fanatismo ha llegado a tal punto, que ahora los miembros de los mismos grupos se denuncian entre ellos. Al igual que sucedía en los períodos más oscuros de la Inquisición, los familiares, los amigos, los vecinos, en fin, cualquiera podía denunciar a otra persona con tal de vengarse o para que fuera vilipendiado públicamente; en otras palabras, las acciones humanas son las mismas, lo que ha cambiado son los medios con que ahora se hace la Inquisición.

Pongámonos serios. Si hay que denunciar denunciemos. Si hay que sancionar, hagámoslo. Lo que no puede ser es que a las personas se les sancione sin que se puedan defender en condiciones, más o menos equitativas. No debemos dejarnos manipular por personas que se satisfacen con este tipo de procesos inquisitoriales, ya sea por placer o por exhibir que tienen el poder de hacerlo.

El ser humano no es virtuoso sino todo lo contrario, es decir, no actúa conforme a las conductas ideales que muchos quisieran que tengan. Es egoísta y mentiroso, busca primero el placer antes que hacer algo que no le gusta; en fin, la realidad del ser humano a lo largo de la historia deja mucho que desear y por ello se han creado formas para controlar ese tipo de conductas del homo sapiens.

El problema está en impedir que esos controles se apliquen de manera irracional y que no caigan en excesos. Si consideramos que una conducta es viciosa y va en contra del bienestar de la sociedad, la incorporamos al sistema de sanciones sociales o al ordenamiento jurídico; sin embargo, lo que no se vale es que el proceso o medio para llegar a la sanción sea diferente en el caso de hechos iguales.

La sociedad costarricense no puede seguir cayendo en este tipo de dinámica inquisitorial. Estamos volviendo prácticas que no beneficiaron a la humanidad, si seguimos así, pronto volveremos a denunciar a personas por ser homosexual, por no ir a misa, por ser neoliberal o socialista, por ser ecologista o simplemente por creer en ideas diferentes a las mías.

Termino con un pensamiento de Sigmund Freud que siempre me ha impactado. Cuentan que el 10 de mayo de 1933, cuando los Nazis realizaron la quema de los libros de autores que ellos consideraban contrarios a su pensamiento, el creador del psicoanálisis exclamó: “ ¡Hemos progresado!  Ahora queman los libros en lugar de quemar a los seres humanos”

Artículo publicado en el diario digital El País.cr, lunes 06 de octubre de 2014