¡La corrupción campea en la obra pública!

Desde que la obra pública la hace la empresa privada, nos hemos acostumbrado a soportar las obras mal hechas. La última es lo que ha sucedido con la inundación de un sector de la calle recién inaugurada entre Chilamate y Vuelta Kooper, se trata de un problema que es una vergüenza para cualquier ingeniero de este país.

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la mayor corrupción se encuentra en la construcción de la obra pública. Ya son muchos años de estar observando una serie de obras que evidencian problemas de construcción al mismo tiempo que son abiertas al público. No hay que ir muy largo en el tiempo, aparte del caso que hemos señalado, es increíble lo que ha pasado con el trabajo realizado en la rotonda de Paso Ancho.

La corrupción se expresa en el deterioro prematuro de la obra, casi siempre, por el uso de materiales de mala calidad o por el ahorro de los mismos. Ya nos hemos acostumbrado a las obras que pronto muestran agrietamientos en el asfalto o cemento. Uno supondría que los materiales utilizados deben ser sometidos a pruebas de resistencia, sin embargo, casi nunca las personas nos enteramos sobre ese tipo de aspectos.

Bueno, nos enteramos, hasta que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, sale a la prensa a decirlo o a manifestar que ya habían hecho advertencias al respecto. En efecto, ha sido el LANAMME la instancia que un día sí y otro también, denuncia las inconsistencias que realizan las empresas privadas contratadas por el gobierno de turno para ejecutar la obra pública.

Lo peor de todo es que se hacen las denuncias y no pasa nada. Todos estamos observando los errores que cuestan millones de dólares y las personas responsables, privadas o públicas, siguen haciendo de las suyas. Las empresas que tienen a su cargo la obra pública un pequeño grupo, empero, los politiquillos que nos han gobernado desde el Poder Legislativo y Ejecutivo han revestido de impunidad a estas personas.

La contratación y concesión de obra pública es el medio que se ha utilizado para aprovecharse del erario público. La trocha fronteriza, el puente de la platina, el mantenimiento de las vías públicas y un largo etcétera, son parte de los múltiples ejemplos que muestran una infinidad de tipos penales que han quedado en la más absoluta impunidad.

El problema no solo se ha dado en la administración pública centralizada, sino también en los entes y órganos descentralizados. Resulta horroroso observar como funcionarios municipales, sin ninguna necesidad, cortan una calle, remueven el asfalto y acto seguido, vuelven a asfaltar la calle previamente cortada; en otras palabras, se trata de un proceder que va en contra de toda lógica y lo único que da para pensar es que hay algo raro en semejante acción.

Lo voy a decir fuerte y claro, los órganos de control administrativo, financiero y judicial de este país no están funcionando. Me atrevo a manifestar que tampoco los medios de comunicación están cumpliendo con la supuesta función de denuncia que se arrogan unilateralmente, es decir, los ciudadanos estamos en la más absoluta orfandad; la impunidad con que funcionan estos grupos resulta, francamente, intolerable en cualquier sociedad que quiera progresar y desarrollarse.

La corrupción alrededor de la obra pública concierne no solo a los funcionarios públicos, también es atinente a las personas que se mueven en el sector privado. No se requiere ser muy observador e inteligente para darse cuenta que en esta actividad hay un aprovechamiento de los recursos públicos que no beneficia a la colectividad; dicho en palabras sencillas, en la obra pública está la gallina de los huevos de oro de los corruptos.

La cosa es tan lucrativa y buen negocio, que ahora se está intentando incidir en los materiales de construcción. En efecto, lo que se procura es que se compre y utilice materiales cuya calidad deja mucho que desear; sin embargo, el control de calidad que se pueda hacer, se diluye en el tiempo y eso genera una mayor impunidad para los involucrados en este tipo de negocios.

En fin… lo que se observa en esta materia da asco. ¡No podemos seguir así!

Artículo publicado en el diario El País.cr, lunes 28 de agosto de 2017

Hace un par de semanas se publicó en esta columna un artículo denominado: “No a la arbitrariedad en el retiro de placas”. Como suele suceder, alguna gente ni siquiera leyó el texto y se dedicaron a emitir una serie de exabruptos, bajo el supuesto, que el artículo defendía a las personas que se suelen estacionar mal en las calles.

¡Para verdades el tiempo! No transcurrió mucho para que las personas comenzaran a darse cuenta de las advertencias que se hacían en aquel momento, es decir, sin que uno pensara pasar como profeta, muchos ciudadanos experimentaron de primera mano la arbitrariedad que se ha dado con este asunto.

Muchas personas han dicho que les han bajado las placas de su vehículo sin ninguna razón. Ya lo decíamos desde antes que comenzara ocurrir esto de manera masiva, la reforma a la ley de tránsito parte de una serie de presupuestos que son total y completamente falsos, a saber: 1) Que la policía va aplicar la ley siempre y cuando que ocurra el supuesto de hecho de la norma. 2) Que la policía no va incurrir en ninguna arbitrariedad al momento de sancionar a los conductores. 3) Que en todos los casos, el conductor es culpable de violentar lo que establece la ley.

El problema es que son supuestos que no necesariamente son ciertos. Para empezar los conductores antes podían pensar que si se estacionaban en un lugar donde no hubiese línea amarilla no serían sancionados, no obstante, esa idea ha quedado desvirtuada porque ahora queda a la discrecionalidad o arbitrariedad de la policía de tránsito, interpretar si usted está o no incumpliendo lo que establece la ley.

Muchas personas creen que si a un conductor le quitaron las placas y lo sancionaron con una multa, automáticamente, la persona es culpable y la policía de tránsito tiene la razón. Incluso, bajo esta idea, se atreven a decir que está bueno que las personas vayan a padecer al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para que les devuelvan las placas de su vehículo. ¡Las cosas no pueden ser así!

Como era previsible los comercios ya se han comenzado a quejar por la afectación que han tenido en sus negocios. En el pasaje gastronómico de Barrio Escalante, una noche de estas, con toda la intensión, policías de tránsito o municipales, llegaron a quitar placas a diestra y siniestra; como es lógico, la gente ha comenzado a correrse porque no está dispuesta a arriesgarse a quedarse sin usar su vehículo por este tipo de situación.

Hay personas que han manifestado la obligación de usar el transporte público y dejar los vehículos en la casa. En lo particular, no tendría problema en someterme a esa idea; sin embargo, el transporte público costarricense es sumamente deficiente en muchos aspectos, razón por la cual esa opción habría que contextualizarla adecuadamente.

Pero el tema central no es la deficiencia del transporte público, el punto medular es que la policía de tránsito ha hecho una aplicación arbitraria de la ley de tránsito y con una gran falta de sentido común. Tanto ha sido así, que en el COSEVI no da pie en bola con el número de personas que a diario intentan recuperar sus placas porque han sido sometidas a este tipo de sanciones.

Estamos en presencia de una conducta que no se puede tolerar. Tanto los policías como los funcionarios de la administración pública, deberían experimentar la orfandad de los administrados ante la arbitrariedad y el abuso de poder en que incurren.

Nadie está promoviendo un irrespeto a la autoridad, estamos exigiendo que esa autoridad respete lo dispuesto en la ley.

Artículo publicado en el diario El País.cr, lunes 21 de agosto de 2017

La batalla por los impuestos está pronta

Nuevamente se aproxima una coyuntura en que se va a decidir a qué grupos les tocará pagar los impuestos para, nuevamente, resolver un problema de déficit fiscal. Desde que tengo memoria recuerdo este tipo de situaciones y los hechos revelan que las decisiones se han inclinado para que paguen los grupos con menos poder adquisitivo.

Para no ir muy atrás en el almanaque, recuerdo como si fuera hoy, la situación que se presentó en 1991. En aquella ocasión el Presidente era Rafael Ángel Calderón Fournier y el Ministro de Hacienda Thelmo Vargas, ambos de una supuesta afiliación ideológica social cristiana; sin embargo, los hechos mostraron que abogaron por políticas fiscales de carácter regresivo, es decir, por establecer impuestos indirectos, reducir la inversión social y no hacer nada en relación con los que nunca han pagado de acuerdo a su poder adquisitivo.

En aquella ocasión el gran enfrentamiento se desarrolló entre el Gobierno y las Universidades Públicas. Hubo marchas y protestas porque el Ministro Vargas quería reducir significativamente el presupuesto en educación que, de por sí, ya había sido restringido en el gobierno 1986-1990 de Óscar Arias Sánchez. El pulso terminó con la renuncia del Ministro de Hacienda y con un acuerdo con el que la mayoría de las personas no estuvimos de acuerdo, especialmente, después de la marcha que se había dado para apoyar a los Rectores de las universidades estatales.

Cuatro años después, en el gobierno de José María Figueres, otra vez se presentó un conflicto porque se pretendía cerrar varias instituciones estatales y reformar el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. En aquella ocasión, le correspondió no solo a las universidades estatales sino a los diferentes sindicatos de educadores e institucionales, lir a la calle para intentar evitar semejantes despropósitos; no lograron su cometido con instituciones como el IFAM, CONICIT, CNP, DINADECO, pero sí en relación con la reforma al Régimen de Pensiones.

Hubo que salir a protestar contra las ideas de muchos que ahora están, otra vez, tratando de volver al gobierno con el Partido Liberación Nacional. Las ideas social demócratas en ese partido ya no existen y lo único que queda es el nombre como instrumento de engaño para tratar de aparentar lo que no son. Esta estratagema no es exclusiva de ese partido político, en menor o mayor medida la mayoría de partidos de este país, incurren en un engaño sistemático hacia el electorado en relación con su planteamiento ideológico.

El siguiente conflicto fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría por el denominado Combo del ICE. Otra vez hubo que lanzarse a la calle y manifestarse en contra de la idea de vender a esta institución al mejor postor, recuerdo que los trabajadores del ICE y de las universidades estatales se unieron para luchar contra esta política de vender instituciones estatales para, nuevamente, solventar los problemas fiscales que un gobierno lleno de economistas decía tener.

El punto es que siempre toman como caballo de batalla la idea de un gasto excesivo de las instituciones del Estado como causa del problema fiscal. Se trata de una mentira que ha logrado calar en la ciudadanía, ya que después de repetirla comienza a ser considerada como verdad; en otras palabras, el problema que estamos viviendo en la actualidad no es nada nuevo, se trata de una situación en la que su resolución dependerá de la capacidad de movilización de los diferentes grupos de la sociedad.

La siguiente gran movilización se realizó con el tema del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos. Todos sabemos lo que pasó a nivel mediático y como, nuevamente, unos pocos se salieron con la suya. Los más inocentes están esperando los BMW y el pleno empleo que ofrecieron los que apoyaron ese tratado de comercio internacional.

Como se puede observar, son procesos cíclicos y por eso lo que se viene no debería sorprender a nadie. El tema fiscal es una lucha por establecer a qué grupo o grupos,  le tocará pagar los impuestos para solventar el problema; en otras palabras, se trata de una batalla en una guerra continuada por determinar a quiénes les toca cargar con este tipo de lastre.

Nuevamente, sin lugar a dudas, se querrá que los impuestos indirectos o regresivos sean los que prevalezcan. El impuesto de ventas será el que primero que intentarán subir por el impacto que tiene en la recaudación, en cambio, el impuesto sobre la renta no será tocados porque el cuento es que tiene un impacto mínimo en la recaudación. Cualquiera que saque un poco de tiempo para estudiar las situaciones que se dieron en el pasado, convendrá con nosotros que esto es un pulso entre los diferentes grupos que integramos la sociedad costarricense y la batalla será ganada quien tenga mayor fuerza en el momento oportuno.

¡Prepárense para la batalla! ¡Ahhh, pero no crean que será en este gobierno! ¡Al buen entendedor, pocas palabras!.

Artículo publicado en el diario El País.cr, lunes 14 de agosto de 2017

¡No a la arbitrariedad en el retiro de placas!

Que complicado es el equilibrio entre el poder y el derecho. Históricamente el controlar el poder ha sido, quizás, el propósito más importante que ha tenido el conocimiento jurídico desde su origen; no obstante, un excesivo control tiene repercusiones en la efectividad de aquellos que tienen como trabajo hacer cumplir la ley.

Lo anterior viene a cuento por una de las situaciones que ha desencadenado la reforma que se aprobó a la Ley de Tránsito. Me refiero a la normativa que permite a los oficiales de tránsito retirar a los vehículos que ellos estiman que está mal parqueado.

Voy a exponer un caso real que sucedió en Barrio Escalante, en lo que ahora denominan el bulevar gastronómico. Cualquiera que haya ido por esa zona convendrá que la existencia de parqueos es bastante limitada o casi inexistente, por esta razón, las personas que suelen ir a almorzar a los diferentes restaurantes de ahí, parquean en las calles aledañas que no son muy transitadas.

Pues bien, a una persona que estacionó su vehículo en una calle que no tiene línea amarilla, en la que no estaba obstruyendo tránsito alguno, ni el tránsito de vehículos, personas, ciclovías o aceras, le hicieron una infracción. Pero como si eso no fuera suficiente y sin razón alguna, le retiraron las placas en un acto total y completamente arbitrario por parte del oficial de tránsito de la Municipalidad de Montes de Oca.

El punto fundamental es el criterio arbitrario del oficial de tránsito para decidir el retiro de las placas. La norma parte del supuesto que los oficiales de tránsito no van a retirar las placas arbitrariamente, sin embargo, como ha sucedido en muchas ocasiones cuando se aprueba este tipo de normativa, en los siguientes días los oficiales de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de las Municipalidades que tienen este tipo de oficiales, se dio rienda suelta al retiro de placas en calles en que no se justifica semejante sanción.

El daño que le hicieron a la persona a que nos referimos es irreparable, debido a que su vehículo es esencial para realizar su trabajo. Así las cosas, para poder recuperar sus placas, tuvo que ir al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y cuando llegó a pagar a inicio de semana, le dijeron que la boleta de tránsito no estaba ingresada en el sistema; por tanto, ante esta circunstancia, no pudo hacer la respectiva cancelación para que le devolvieran sus placas, claro está, ello se lo dijeron después de una o dos horas de hacer fila.

Volvió miércoles de aquella semana por la imperiosa necesidad de contar con su vehículo para trabajar. Consultó, nuevamente, si la boleta ya la habían ingresado al sistema y la respuesta fue negativa, razón por la cual exigió hablar con un funcionario que pudiera solucionar semejante despropósito. Después de que procedieron a ingresar “manualmente” la boleta al sistema, tuvo que pagar la infracción en un Banco del Estado; todo ello con el objetivo principal de que le devolvieran las placas, sin embargo, ello no sucedió. ¿Qué pasó?

Pues, una vez que había pagado la boleta confeccionada por la arbitrariedad del oficial de tránsito, tuvo que volver hacer la misma fila del inicio y le manifestaron que las placas no habían llegado, todavía, al COSEVI. Para que nos entendamos, a quien le retiran las placas, le toca esperar que los oficiales de tránsito remitan las placas al citado Consejo, desde la instancia gubernamental en que laboran.

Y es que no he dicho que el acto arbitrario de retiro de placas, fue realizado por un policía de la Municipalidad de Montes de Oca, en una calle donde dicho funcionario no tiene jurisdicción territorial. La arbitrariedad se configura no solo porque se trató de un acto en que no se configuró el supuesto de hecho de la norma para el retiro de las placas; además, la irregularidad es doble porque quien realizó el acto arbitrario, no tenía competencia territorial para hacerlo.

La persona, como no habían remitido las placas al COSEVI, tuvo que regresar en días posteriores para hacer la única fila en que resuelven todo. Cuento el suplicio de esta persona, porque esta situación de arbitrariedad le está ocurriendo a diferentes ciudadanos que se ven sometidos a estas situaciones y, porque no se sabe, si más temprano que tarde le puede ocurrir a usted estimado lector.

Para no hacer el cuento muy largo, después de casi dos semanas sin poder usar su vehículo, la persona a la que nos hemos referido, le devolvieron sus placas. El ejercicio arbitrario de la posibilidad de interpretación que establece la ley, dio como resultado que esta persona fuera sometida a una serie de procedimientos también arbitrarios por parte de la administración pública. ¡Esto es un atropello para el ciudadano!

Ninguna persona tiene que sufrir una pesadilla como la padecida por esta persona. Tal vez usted, estimado lector, piensa que esto no le va pasar, sin embargo, cuando uno menos lo espera se ve enfrentado a estos excesos de poder y es ahí en que las personas se preguntan: ¿Es conveniente o no que quienes ejercen el poder sancionatorio o represivo del Estado lo hagan con tanta discrecionalidad de interpretación?

Tal vez alguien dirá que lo procedente es denunciar al oficial que actuó arbitrariamente. Teóricamente puede ser factible, sin embargo, el desgaste personal y de tiempo es sumamente grande y con un agravante, la posibilidad que se ponga coto a la arbitrariedad del oficial es remota y mucho menos una sanción ejemplarizante que permita evitar los abusos de poder de estos funcionarios públicos.

Lo real y lo que sucedió en la práctica es lo siguiente: 1) El oficial realizó un acto arbitrario al amparo de una reforma legal que le otorga una potestad interpretativa demasiado amplia. 2) Consumada la arbitrariedad, a quien le toca padecer es al administrado y no al funcionario público que, como siempre, no responde en lo personal por este tipo de acciones.

Cuento esta historia para que todos estemos alerta ante este tipo de arbitrariedad.

Artículo publicado en el diario ElPaís.cr, lunes 07 de agosto de 2017