Las buenas pensiones deberían ser para el mayor número de costarricenses. Recientemente ha salido a la luz pública declaraciones dadas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, en que uno de los Magistrados argumenta en contra de la pauperización de su posible pensión; el argumento habría que aplicarlo en relación con todas las pensiones, sin embargo, ese es el punto medular del asunto: las buenas pensiones son, únicamente, para algunas personas.
Al contrario de lo que muchos critican, el argumento del Magistrado es correcto. Los derechos sociales deben potenciarse hacia arriba, es decir, en lugar de homologar a las personas hacia abajo, es necesario subir a los que están abajo; no obstante, los grupos que están en el poder económico, político e ideológico, se han encargado de promover una lógica contraria que sólo les favorece a ellos.
El argumento falaz consiste en generalizar la pobreza para la mayoría de la población costarricense. En lugar de promoverse una serie de Derechos Sociales que tuvieron su origen en las luchas de los sectores laborales a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, la tendencia en los últimos treinta y cinco años es ir en contra de estos derechos e impulsar el argumento contrario, a saber: los derechos sociales son privilegios y a las personas que los tienen se les debe suprimir.
Para lograr la eliminación o reducción de esos Derechos Sociales, los grupos dominantes utilizan como instrumento a los propios trabajadores. En lugar de promoverse en el sector privado una política de salarios crecientes y de iniciativas para que sus trabajadores tengan mejores condiciones de vida, los empresarios abogan por salarios mínimos y por reducir o eliminar Derechos Sociales que les signifique gastos adicionales para la producción.
En este sentido y dadas esas circunstancias, se utiliza a los trabajadores del sector privado para legitimar sus objetivos de homologación hacia abajo. Así, por ejemplo, se le dice a los trabajadores de las empresas que hay una desigualdad en relación con los trabajadores del sector público y que es necesario eliminar los “privilegios” de estos últimos; con este argumento se desvía la atención de estos trabajadores con el propósito que no se les ocurra realizar reivindicaciones salariales u otras de carácter social que los beneficie a ellos mismos.
Con esta estrategia logran que los trabajadores del sector privado se enfrenten a los del sector público y distraen la atención de lo realmente importante. El objetivo de ambos sectores, público y privado, es luchar para que las condiciones laborales y de vida sean cada día mejores; sin embargo, los grupos dominantes han logrado que los trabajadores del sector privado aboguen por pauperizar las pocas conquistas que han sido logradas en materia social, en nuestro país y en el mundo.
Todo esto sucede con los trabajadores que menos salario tienen, porque la cosa es diferente en las altas gerencias de las empresas y del sector público. En efecto, no estamos hablando del Gerente que gana diez o quince mil dólares en una empresa medianamente exitosa, tampoco nos referimos al Gerente de un Banco del Sistema Bancario Nacional que recibe salarios desproporcionados; empero, desgraciadamente, el valor de la igualdad lleva consigo una trampa que permite su utilización tanto por los poderosos como por los menos favorecidos, en otras palabras, el argumento de la igualdad es el que mejor sirve para los argumentos retóricos de los diferentes grupos.
Para que nos entendamos, el problema no es que el Ex Magistrado tal o el Ex Diputado cual reciban una pensión de más de cinco millones, sino que el resto de la población no recibamos esa misma pensión. La lógica debería ser que al resto de la población se le aumente la pensión a esos cinco millones o más, y así se equipara hacia arriba en lugar de pauperizar hacia abajo; claro está, eso supondría que debemos destinar más recursos para que ello sea posible y existen algunas personas que no están de acuerdo con destinar dinero para financiar este tipo de Derechos Sociales.
Ahora bien, los excesos en el sector privado se dan de otra forma. Para nadie es un secreto que muchos empresarios reportan salarios risibles a la Caja Costarrricense del Seguro Social (CCSS) y cuando ya están pronto a cumplir con los requisitos de jubilación, comienzan a reportar un salario mayor para obtener la mejor pensión posible; claro está, eso sin perjuicio de los ingresos que obtienen por concepto de dividendos en razón de la propiedad indirecta o directa en el capital social de la empresa.
Los que no hayan leído estas líneas con atención, pensarán que estamos defendiendo las pensiones de lujo. ¡Falso! Lo que procuramos es hacer ver que el argumento de la pauperización de las pensiones es cierto, sin embargo, no es la misma pauperización para los Magistrados que se van a pensionar, que la sufrida por aquellos que recibirán una pensión cuya suma de dinero no les permite vivir dignamente.
El problema es, insisto, que el argumento de la igualdad lo utiliza el Magistrado, el Gerente General de una Transnacional y también el Conserje o la Secretaria de un ente público o de una empresa privada. ¡Ahí es donde está la trampa retórica!
