¿Qué es primero el poder o la ley? La respuesta a esta pregunta ha sido debatida por muchos filósofos y teóricos de la Política y del Derecho, desde Aristóteles hasta Max Weber y desde Cicerón hasta Kelsen. La inclinación por uno u otro depende de la situación en que se encuentre la sociedad en la que se quiere responder la pregunta, es decir, no es lo mismo si se está en la génesis de un nuevo régimen político a si se está en una etapa madura de su desarrollo.
El poder necesita de la legitimidad que le brinda la ley, así como las leyes necesitan de la fuerza que le brinda el poder para su eficacia. Se trata, como decía el famoso filósofo del Derecho y la Política italiano, Norberto Bobbio, dos caras de una misma moneda; en otras palabras, el poder sin el Derecho no dura porque es pura fuerza y el Derecho sin el Poder no funciona porque requiere de la coactividad para ser eficaz.
A lo largo de diferentes etapas de la historia humana se ha enfatizado más en el Poder y en otros momentos ha sido el Derecho quien ha asumido el papel protagónico, claro está, sin que ello signifique una relación excluyente. No es lo mismo la época de la República Romana a la situación que esa sociedad vivió, posteriormente, durante el Imperio; en la primera el Derecho tuvo mayor preponderancia que el Poder, durante el Imperio el Poder se enfatizó más en menoscabo del Derecho.
Estamos en una época, en la actualidad, en que el Derecho se está usando para realizar acciones que antes se hacían por medio del Poder puro y duro. Antes para tomar el poder político se acudía al uso de la fuerza para hacer un golpe de Estado, para eliminar a un líder político o simplemente para imponer los intereses en determinada decisión; ahora, pareciera, que se ha enfatizado en el uso de instrumentos legales para lograr los mismos objetivos de antes. Cada vez menos se echa mano a los tanques y a los soldados para afianzarse en el poder o para derrocar a un gobierno.
En el caso de nuestra región ello ha venido siendo muy frecuente, tanto para acceder al poder como para derrocar a quienes están en ellos. En países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por mencionar estos de suramérica, han llegado al poder grupos de izquierda respetando las normas jurídicas que organizan los procesos electorales de estos países; sin embargo, por la vía legal también se ha planteado la separación del poder de la Presidenta de Brasil y se está promocionando la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela.
Como se observa, el Derecho está prevaleciendo sobre los actos descarnados de Poder y para ello se está utilizando diferentes procedimientos jurídicos en el ámbito judicial y administrativo. Se trata de una forma de proceder que, si bien no es nueva, adquiere preponderancia en sociedades que han optado por un régimen político democrático; dicho en otras palabras, en las democracias de nuestros días, el Derecho ha pasado a funcionar como la herramienta principal para posicionar o derrocar a personas que sirven a los intereses de diferentes grupos de la sociedad.
Evidentemente hay grupos en una mejor posición para usar el Derecho como herramienta política. Ello por cuanto es necesario pagar desde un simple abogado que pueda analizar una determinada situación jurídica, hasta invertir en la promoción de determinadas personas a efecto que lleguen a ciertos puestos clave y, así, lograr que adopten decisiones que favorezcan a estos grupos que sí pueden pagar.
Así las cosas, quienes pueden pagar los abogados y quienes tienen el dominio de los medios de comunicación, llevan ventaja frente a los grupos que no tienen el dinero para pagar. Se trata, en consecuencia, de una realidad que está generando una serie de fenómenos sociopolíticos en los cuales ya no es necesario el uso de la fuerza bruta, sino que ahora impera los subterfugios legales y el ocultamiento de estas leguleyadas por parte de los medios de comunicación colectiva.
En Costa Rica, por ejemplo, fue posible la reelección utilizando al Derecho como herramienta. El objetivo de esa estratagema jurídica ha sido que el representante más rancio de la derecha costarricense, Oscar Arias Sánchez, mantenga el dominio político que ha tenido desde los años ochenta. Lo anterior fue posible, como es lógico, con la complicidad de las instancias judiciales que todos conocemos y con el concurso de los medios de comunicación costarricenses.
El Poder siempre ha determinado al Derecho, pero en la actualidad se ha logrado que la gente crea que es al revés. Por eso es que quienes pueden pagar abogados difícilmente van a ser castigados por el Derecho, por eso es totalmente cierta aquella frase que dice:
“La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los de pies descalzos.”
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