Hace algunas semanas escribimos en esta misma columna unas líneas que titulamos: “El cuento de la seguridad jurídica”. Allí mencionamos como este término se ha popularizado sin que aquellas personas que lo utilizan, tengan claro el origen y sobre todo, lo que se pretende tutelar con este valor jurídico.
En la actualidad, prácticamente, se utiliza sólo para referirse al ámbito de las inversiones. Se habla que los inversores, especialmente externos, necesitan seguridad jurídica para invertir en el país y que sin ella, se van a ir a otras latitudes con sus dólares o euros. Sin ella, algunos dicen que Costa Rica volverá a los tiempos de la colonia o peor aún, a la época precolombina.
La seguridad jurídica de la que hablan estos personajes, la mayoría de las veces, está circunscrita a la obligación del gobierno de turno de respetar los contratos que se han firmado con empresas extranjeras. De acuerdo con esta forma de entender la seguridad jurídica, no importa si los contratos firmados son abiertamente lesivos para el Estado costarricense y establecen cláusulas de indemnización que beneficia sólo al inversor extranjero, lo único que importa es respetar eso que ellos llaman seguridad jurídica.
La seguridad jurídica es un valor y no se circunscribe a lo que esta visión financista y reduccionista pretende hacer creer. Antes que nada, debemos tener claro que se trata de un valor; es decir, estamos hablando de algo que los seres humanos consideramos valioso y necesario para nuestra vida.
La seguridad jurídica es la manifestación en el mundo del Derecho de una de las necesidades básicas de cualquier ser humano, a saber: que otra persona o el Estado por medio de sus órganos no le quite lo más preciado que todo ser tiene y que le permite desarrollar su existencia.
Ahora bien, lo más preciado que tiene cualquier ser humano en cualquier sociedad es su vida. Sin la vida no puede desarrollarse como persona y todas las demás cosas dejan de tener sentido, en otras palabras, como dijo Ortega y Gasset parafraseando a Descartes: “Vivo luego existo”.
En consecuencia, en determinado momento de la historia de los seres humanos, se consideró necesario que este valor (la vida), fuera incorporado al ordenamiento jurídico para ser protegido por medio del uso legítimo de la fuerza. Dicho en otros términos, los miembros de la sociedad llegan al acuerdo que al considerar valiosa la vida humana, se debe brindar seguridad a las personas que sus semejantes o el Estado no realizará acciones (prohibición) que atenten contra ese valor básico y que serán sancionados por medio de la fuerza aquellos actos que estén en contra de ese valor.
La seguridad jurídica, por tanto, es un valor que considera importante que los miembros de una sociedad tengan la certeza que cualquier conducta que atenta contra su vida, será objeto de sanción por el ordenamiento jurídico con la ayuda de la fuerza legítima. La certeza se convierte en el elemento clave cuando hablamos de seguridad jurídica, sin embargo, la realidad nos muestra que no hay tal certeza y que la seguridad jurídica la tendrán aquellos que tengan el poder de hacerla efectiva.
Y aquí es donde está el punto medular del asunto, se habla de seguridad jurídica para los inversionistas y uno se pregunta: ¿Y la seguridad jurídica de los costarricenses? Uno sale a la calle con la certeza contraria, es decir, que hay altas probabilidades que le quiten a uno la vida para robarle cualquier cosa y que ese acto tiene altas probabilidades de quedar impune; en otras palabras, que la protección que se supone el Estado realiza y garantiza por medio de sus órganos, finalmente, no se está realizando eficazmente.
La seguridad jurídica más básica y por la cual nació el Estado moderno se convierte en una ficción en Costa Rica. Sin embargo, los medios de comunicación y las autoridades de gobierno no hablan de proteger la seguridad jurídica de los costarricenses, sólo hablan de proteger una seguridad jurídica interesada y que está referida a un sector inversionista que no le interesa en lo más mínimo el desarrollo de la sociedad costarricense.
La seguridad jurídica es un valor que es utilizado por los conservadores y reaccionarios para defender intereses que, usualmente, son consignados en textos legales debido a que tienen el poder o la fuerza (política, económica o ideológica) de exigir su realización. Se trata de un valor que atenta y está en abierta contradicción con el valor justicia.
Por ejemplo: ¿Es justo o no que a la empresa OAS se le haya pagado varios millones de dólares por un contrato que no ejecutaron? ¿Es justo o no que a Industrias Infinito se le deba pagar una indemnización por habérsele otorgado la posibilidad de realizar una actividad que atenta contra el ambiente? ¿Es justo o no que a una empresa portuaria se le otorgue una concesión en condiciones que atentan contra los intereses del Estado costarricense?
La respuesta a esta pregunta depende del significado que se le otorgue a la palabra justo. Históricamente hay grupos que defienden la idea que lo justo es lo que está escrito (positivismo jurídico) y que, por tanto, lo justo es respetar lo consignado textualmente en la ley o en estos casos, en los contratos firmados por los gobiernos de turno.
En el fondo se está hablando del mismo argumento de la seguridad jurídica entendida como el respeto a lo establecido en la ley o en el contrato entre las partes. Se trata de eufemismos y más claramente de argumentos falaces para encubrir los intereses que hay detrás de este tipo de formalismos jurídicos.
En todo caso, el punto medular no está en la manipulación que se haga del significado del valor seguridad jurídica o del valor justicia. El problema real está en la impunidad de la que han gozado una serie de nefastos personajes para obligar al Estado costarricense a soportar condiciones lesivas para el interés nacional, en otras palabras, se establecen cláusulas que asegura a una sola de las partes ventajas contrarias a la equidad (Cláusulas Leoninas).
Por eso cuando escuchamos a periodistas, políticos, leguleyos y hasta economistas hablar de seguridad jurídica, es necesario preguntarse: ¿Qué seguridad jurídica es la que hablan?
Lo que sí está claro es que no es la seguridad jurídica básica que el Estado debe brindar al común de los mortales. Todos los días se escucha que asesinaron a una persona inocente y uno se pregunta: ¿ Y la seguridad jurídica de esas personas? ¿Esa seguridad jurídica básica no la protege el Estado? ¿Es más importante la protección de los intereses de los inversionistas extranjeros?
Volvemos al inicio. Es una cuestión de valoración y en este caso, a los grupos dominantes les interesa más o valoran más la protección de los intereses económicos y financieros. Esto es así porque creen que ellos no tienen problemas de inseguridad jurídica básica, es decir, ellos no van a ser objeto de un asesinato debido a los lugares en los que viven o en los que se mueven.
De hecho lo que han optado es, al mejor estilo del medioevo, vivir en “castillos” amurallados en los montes aledaños a la ciudad de San José. Allí no entran los asesinos comunes, esos que matan a una persona por un teléfono móvil; tampoco ese tipo de delincuente se va acercar a un club privado o robará un auto de alta gama, debido a que no tiene salida en el mercado.
Ante esta realidad, la única seguridad jurídica que importa es la de las inversiones o mejor dicho, la de los inversionistas. ¿Y la seguridad jurídica del pueblo? Esa…, pues…: ¡Que se jodan!
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