¿Y la transparencia del sector privado?

La obligación de transparencia del sector público viene dada porque a lo largo de la historia el poder político tiende a ocultarse. Los políticos suelen realizar sus artimañas en la penumbra, alejados de los ojos de la población y ello ha dado lugar a los más diversos actos de corrupción en los diferentes países.

La exigencia de un poder político diáfano va en contra de la tendencia que ha mantenido ese poder desde las épocas más primitivas del ser humano. Se suele ocultar ideas, pensamientos o acciones porque siempre existirán personas que estén en contra de aquellas; sin embargo, la oposición se supone más vehemente cuando se trata de algo que está en contra de las normas aprobadas por la mayor parte de los miembros de una sociedad.

La mayoría de actos que son opacos y que no se quiere su conocimiento por parte de la población, suelen estar cerca o por lo menos se parecen a los actos de corrupción. El problema es que la corrupción es una acción que, frecuentemente, implica también a una persona o grupos que se encuentran en el sector privado; dicho en otras palabras, el sector privado no escapa a la responsabilidad de los actos corruptos, pero el problema es que el grado de transparencia de este es sustancialmente menor o inexistente en comparación con lo que ocurre con el sector público.

Normalmente el sector privado se ampara en los derechos individuales que protegen la intimidad y la propiedad para rechazar la posibilidad que se investigue las acciones que realizan en relación con el sector público o respecto a otros miembros del sector privado. Por ejemplo, si alguien quiere investigar lo que se han ganado a lo largo de los años las dos empresas a las que se les ha adjudicado las mayoría de obras de infraestructura pública en Costa Rica, no lo puede hacer porque se alega que están amparadas bajo el velo y protección de la información que cubre a todas las sociedades anónimas.

Para el ciudadano común, por ejemplo, resulta imposible investigar a los medios de comunicación colectiva para averiguar: ¿Cuánto es lo que facturan por concepto de aquella publicidad que atenta contra la salud de los costarricenses? Estamos hablando de la facturación de anuncios de empresas de tabaco, alcohol o de productos relacionados con fármacos dañinos para los seres humanos; dicho de manera sencilla, el sector privado y sus representantes han creado una serie de normas jurídicas que ocultan muchas acciones que, si se dieran a conocer, podrían llevar a la quiebra a más de una empresa nacional o extranjera con intereses comerciales en Costa Rica.

Ahora que está de moda el rasgarse las vestiduras por algunas de las fiestas de fin de año que se hacen en las instituciones públicas, sería interesante cuáles empresas privadas se han beneficiado a lo largo de los años de ese tipo de actividades. Probablemente, no sería extraño encontrar que se han contratado a las mismas empresas a lo largo de los años y en ese caso, al final, los fondos públicos terminan en los bolsillos de los accionistas que son los dueños de estas compañías.

Recientemente leí que se aprobó una ley para “socorrer” a los empresarios relacionados con la actividad hotelera. Se trata de aquella práctica en que las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan, curiosamente, aquí los fondos públicos sí es legítimo trasladarlos a la esfera privada; se trata de una práctica que se creía desaparecida, sin embargo, lo que ha acontecido es que se han diseñado instrumentos más sofisticados para que los ciudadanos no entiendan la corrupción que hay detrás de este tipo legislación.

Se supone que la única forma para poder acceder a la información del sector privado es cuando se denuncia un delito y el Ministerio Público, por medio de la orden de un juez, realiza la incautación de la información de la empresa o de las personas relacionadas con esta. No obstante, en no pocas ocasiones, ello no es posible debido a la cantidad de argucias legales que permite el ordenamiento jurídico costarricense y que han sido promovidas por estos grupos por medio de sus acólitos en el poder legislativo.

Existen cantidad de casos que se han sometido a proceso y en los cuales no se brindan los nombres de las personas que están, al menos, en las juntas directivas de las empresas involucradas en los procesos judiciales. Por ejemplo, en el caso relacionado con la trocha fronteriza, todavía estamos esperando que se den los nombres de los responsables de las empresas involucrados en el desfalco de los fondos públicos que se dio con la excusa de tratarse de una emergencia de seguridad nacional; dicho en palabras sencillas: ¿Por qué no dicen, con nombres y apellidos, las personas de carne y hueso que recibieron los dineros públicos relacionados con esta fallida carretera?

Da vergüenza la forma en cómo los directores de medios de comunicación protegen a sus patronos. Callan, miserablemente, los vínculos que durante años han desarrollado con una serie de politiquillos que por un puñado de monedas están prestos a someterse a sus designios; lo peor es que no se dan cuenta que ese vasallaje no es agradecido de ninguna manera; sino que lo digan muchos de los periodistas que han sido despedidos sin ninguna consideración, después de trabajar en esas empresas al punto de sacrificar, en muchos casos, el tiempo de sus familias. ¿Para qué? Para que después vengan y los despidan sin tener en cuenta los años de su vida que les dieron a esas empresas de comunicación.

Podríamos hablar de muchas empresas privadas relacionadas con diversos sectores de la economía. Lo que ha venido pasando con el gremio de los médicos que tienen intereses en empresas privadas de salud resulta repugnante, al punto que las malas praxis que realizan en consultorios privados son remitidas a la seguridad social para que la demanda judicial recaiga en el sector público; ello sin que hablemos a profundidad de lo que sucede con biombos y demás formas de defraudar a la seguridad social, por medio de la prestación de servicios como los relacionados con la radioterapia y otros que la seguridad social contrata a las clínicas privadas.
Ya que hay personas que quieren ventilar los excesos que se dan en Costa Rica, cosa que nos parece bien, procedamos a visibilizar los que se dan tanto en el sector público como en el privado. Pongamos en conocimiento de la gente quiénes están detrás de los grandes negocios privados que se hacen a costa del erario público, hay que ponerle rostro y nombres a las personas se han hecho inmensamente ricos en los últimos treinta años.

No obstante, no puedo negar que tengo una actitud pesimista de que ello sea posible. Este tipo de esfuerzos requiere del apoyo de la mayoría del pueblo costarricense y ello resulta difícil en una época en que lo superfluo ocupa el primer lugar en el interés de las personas; decían que antes utilizaban la fórmula de pan y circo para mantener sosegados a los ciudadanos, pero ahora ni siquiera dan pan y el circo se ha cambiado por el fútbol que está presente a toda hora del día.

Para muestra un botón: Comienza, otra vez, la eliminatoria para el mundial de fútbol. ¡Viva la selección nacional de fútbol de Costa Rica! ¡Viva el circo! ¡Viva la empresa privada!

Artículo publicado en el diario El País.cr, lunes 09 de noviembre de 2015