El acudir a enemigos externos y fomentar el nacionalismo, es una estrategia que ha sido utilizada en distintos momentos de la historia. En el caso de Nicaragua esta forma de proceder ha sido utilizada en el pasado y en el presente para justificar la permanencia en el poder de sus dirigentes políticos.
La apelación al nacionalismo usualmente ha permitido a los detentadores del poder, desviar la atención en relación con los problemas internos que afectan directamente a sus gobernados. Al analizar con detenimiento los argumentos utilizados en el pasado y en el presente en relación con el conflicto, se observaría que existe una motivación fundamentalmente política.
Ahora bien, el problema no es que el aspecto jurídico haya dado lugar al aspecto político, lo complicado es que el argumento político se utiliza en función de otros objetivos que no tienen relación con el conflicto. La utilización “maniquea” de los aspectos jurídicos y políticos del conflicto, determina que probablemente una de las partes no está interesada en que el conflicto se resuelva. Esto debe llevar al país que está interesado en la resolución del conflicto a buscar cuáles son las verdaderas motivaciones que originan el conflicto, de lo contrario dicho país se estaría prestando para ser utilizado en forma inadecuada por el otro.
El conflicto es azuzado por el gobierno de Nicaragua apelando a motivaciones de índole nacionalista, situación que pretende ocultar los verdaderos intereses que maneja el gobierno de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, su situación económica a partir de la década de los noventa ha estado marcada por índices macroeconómicos negativos, su balanza de pagos al igual que su situación fiscal sigue siendo precaria; por otra parte, las políticas sociales carecen de contenido económico para ser desarrolladas, situación que ha determinado una dependencia de la poca ayuda externa que se consiga para estos fines.
No obstante, el problema más grave a lo interno de ese país es la disputa por el poder político y económico. Los argumentos racionales para la resolución del conflicto pierden eficacia, debido a que adquieren una característica instrumental. Los argumentos jurídicos que a nivel público se esgrimen como los principales, ceden su lugar a los argumentos políticos; sin embargo, dichos argumentos son ineficaces para resolver el conflicto en razón de la utilización falaz de los mismos.
El conflicto en consecuencia debería mirarse no desde una posición estrictamente jurídica o política, sino que debería incorporarse la dimensión social y económica del conflicto. La preocupación de Costa Rica por la mejoría de la situación social y económica de Nicaragua, permitiría que los nicas no vieran a Costa Rica como un enemigo externo e impediría que el gobierno de aquel país utilice este tipo de argumentos.
Por otra parte, un mayor bienestar de los nicaragüenses aliviaría otro problema que ha sido utilizado para azuzar el conflicto. En efecto, el proceso migratorio de nicas hacia Costa Rica ha generado las fricciones propias de este tipo de fenómeno social, ello ha ocasionado que la percepción de los nacionales de ambos países sea de enfrentamiento; unos porque sienten invadido su espacio territorial y otros porque consideran que son objeto de maltrato étnico y no son tratados en forma correcta.
Lo anterior no quiere decir que no se atienda el conflicto desde la perspectiva jurídica, pero resulta claro que el problema no es sólo jurídico. La atención integral del conflicto tiene como propósito, tratar de evitar el resurgimiento del conflicto, la afectación que se hace a las economías y a los grupos sociales adyacentes a las márgenes del río.
Un abordaje integral del conflicto, permitiría sustituir los argumentos vacíos que se han dado hasta la fecha, por soluciones más creativas y efectivas en aras de una solución del conflicto. O en su defecto, podría posicionar el conflicto en otro estadio que procure avenir a las partes y disminuir los perjuicios que generan este tipo de conflictos.
El abordaje del conflicto en forma integral, supone que se promuevan iniciativas para desarrollar programas sociales y económicos en países como Nicaragua. La participación de órganos como Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), no se debe limitar a fungir como mediadores en el conflicto; un análisis integral de la situación, otorgaría a estos entes internacionales una participación más amplía y orientada a otros planos que inciden en el conflicto.
Es necesario que la participación de estos actores no sea instrumentalizada para otros propósitos que no sean la resolución del conflicto. De eso deben cuidarse los entes internacionales, los países y las personas que actúan como mediadores; dado que en no pocas ocasiones, éstos son utilizados para legitimar una posición o simplemente para ganar tiempo en una negociación.
Este tipo de actores no se deben prestar para que una parte interesada en la prosecución del conflicto, se valga de sus acciones para lograr objetivos distintos a la resolución del conflicto. Antes bien, debe haber una posición de denuncia que permita poner en evidencia los verdaderos intereses de la parte que actúa de esa manera.
Mientras en Nicaragua exista la condición social y económica actual, ello constituye un “caldo de cultivo” para que los políticos irresponsables aviven los conflictos para desviar la atención y ocultar su incapacidad para procurar políticas que logren el desarrollo económico y social de los habitantes de su país.
No es casual que Nicaragua en este momento le interese mantener vivos conflictos con países como Costa Rica o Colombia, por ejemplo. La posición del gobierno de Managua es clara en su objetivo de buscar enemigos externos, como una forma de mantener a sus ciudadanos preocupados de otros problemas que no sean los internos de esa nación.
Mientras permanezca esa actitud del gobierno de Nicaragua, cualquier argumento que se esgrima a partir de esa posición, resulta vacío e ineficaz; el gobierno de Costa Rica debería pensar en que la única forma de evitar esta situación, es poniendo en evidencia los verdaderos intereses que tiene el gobierno nicaragüense.
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