Las decisiones legislativas en materia fiscal son el resultado de la lucha entre los diferentes grupos y personas que formamos parte de la sociedad costarricense. Es una lucha en que el más fuerte, el más inteligente, el más hábil o el más astuto, logra que se apruebe los impuestos que más le favorecen o que menos perjudican a sus intereses.
Aunque revestido de una serie de falacias y eufemismos, el debate en relación con los impuestos se resume en contestar la pregunta: ¿A qué grupos o personas les toca pagar más o menos impuestos? ¿Quién cargará con la obligación de aportar los dineros con que el Estado financia al sector público y privado?
En efecto, a diferencia de lo que se ha querido dar a entender, por medio de los impuestos no solo se sostiene el aparato estatal, sino también se desarrolla la política de incentivos, beneficios y ayudas para el sector privado; también, por si hay personas que se les olvida, en no pocas ocasiones, se financia la condonación de deudas a empresarios que por una u otra causa se han visto en dificultades para mantener su industria.
Ahora bien, el problema de fondo y este es el aspecto medular de la cuestión, es que la carga tributaria de Costa Rica está sobre los hombros de los trabajadores y de los que menos tienen. Lo está porque hay empresarios, profesionales liberales y una serie de actividades que no pagan los tributos que tienen la obligación de pagar; dicho de manera clara y simple: ¡Los que más tienen no pagan los impuestos que deben pagar!
Muchas empresas y sus accionistas, escudados en sociedades anónimas que reportan un balance anual con pérdidas o ganancias paupérrimas, no pagan un cinco del impuesto a las utilidades o dividendos generados por sus empresas. Una buena cantidad de estos empresarios que despotrican contra los trabajadores, por ejemplo, andan solicitando facturas en las gasolineras para pasar el gasto en gasolina de su vehículo particular, como un gasto de la empresa.
Contratan escudos fiscales para que estos les facturen compras inexistentes que luego introducen en el balance contable como gastos realizados por la empresa. Ya no se diga de la evasión que realizan con sus cuentas en diferentes países fuera de Costa Rica, paraísos fiscales, en los que mueven grandes cantidades de dinero sin pagar un solo colón al Estado costarricense.
Desgraciadamente estos y otros mecanismos utilizados por estos y otros defraudadores, son de difícil comprensión para el común denominador de los mortales y eso unido al fomento de una sociedad preocupada por lo superfluo, hace que estos personajes hagan de las suyas sin que reciban el reproche de la mayoría de la población.
Y es que, lamentablemente, la clase económica acomodada de Costa Rica se ha acostumbrado a no pagar impuestos y gozar de la más absoluta impunidad. El ejemplo más palpable ha sido lo sucedido con el impuesto a las casas de lujo, a estas alturas muchos propietarios han contratado abogados-notarios para que hagan segregaciones ficticias en que se dividen propiedades formalmente, es decir, en el papel, para que los terrenos tengan un valor inferior y así quedar exonerados del pago del impuesto.
Preguntamos: ¿Quién no ha tenido que pagar en un consultorio médico en efectivo porque el galeno o mejor dicho, su secretaria, dice que no aceptan tarjetas de crédito o débito? ¿Habrá alguien que en un establecimiento comercial no le hayan dicho que sin factura el precio del artículo o el servicio es menor a si solicita factura?
Tal y como lo indicamos en otra columna anterior, lo primero que se debe hacer en materia de impuestos es equilibrar la carga impositiva. Está claro que hasta hoy la lucha entre los diferentes grupos y personas que formamos parte de la sociedad costarricense la han ganado los que más tienen, la estructura tributaria existente es completamente regresiva y hace pagar a los que tienen y no tienen de manera igual.
Bajo argumentos como que el aumento en el impuesto sobre la renta no tiene el mismo impacto en la recaudación que el impuesto de ventas, a lo largo de estos años hemos visto aprobar impuestos que van en detrimento de la mayoría de la población. Infelizmente la mayoría de las personas no saben qué es eso de un impuesto regresivo o uno progresivo, se trata de conceptos especializados que no todos conocen y mucho menos manejan.
Sumado a lo anterior, como siempre, los sectores más débiles no tienen representantes en la Asamblea Legislativa que nos representen y defiendan nuestros intereses. Al contrario, lo que ha imperado históricamente es la presencia de diputados que se rinden al gran capital o a grupos de interés específicos; en otras palabras, el pueblo puro y llano no tiene quien lo defienda, está desamparado.
Antes de aprobar nuevos impuestos, los diputados tienen que analizar la estructura tributaria costarricense e intentar hacerla más justa para los que menos tienen. Desgraciadamente, si por la víspera se saca el día, semejante tarea quedará pendiente o se decantara, otra vez, en contra de las fuerzas más débiles del espectro político.
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