Lo que le está pasando a la institucionalidad costarricense, no tiene paragón en la historia reciente de nuestro país. En este momento están cuestionados los tres poderes de la República, así como se oye, los tres poderes y aunque hay personas que uno podría exonerar de alguna responsabilidad, lo cierto es que la gente habla del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial como un todo.
En los tres casos se observa un problema de idoneidad con muchos de los personajes que han sido elegidos para desempeñar puestos en esos tres poderes. Y no me estoy refiriendo a los atestados académicos que, en muchos casos, no se tienen y en otros sí; en otras palabras, ya no se sabe qué es peor: actuar incorrectamente por ignorancia o hacerlo sabiendo que se está procediendo de manera incorrecta.
La falta de idoneidad a la que nos referimos es de elegir a personas que quieran desempeñar su función pública de manera correcta. Cuando decimos “de manera correcta” es desde el punto de vista profesional y en relación con el compromiso de procurar lo mejor para el país; estamos hablando de actuar, no para beneficiar a unos pocos sino de trabajar en favor del bienestar del mayor número.
Seamos muy claros, la institucionalidad costarricense está secuestrada por un grupo que tiene acaparado el poder ideológico, económico y político. Estos grupos no son nuevos y han logrado su hegemonía en los últimos treinta y cinco años, después que estuvieron con un perfil un poco más bajo después de los acontecimientos de finales de la segunda mitad del siglo XX.
El decreto de nacionalización bancaria de la Junta Fundadora de la Segunda República es un buen ejemplo para entender lo que estamos diciendo. Tal y como lo dice José Figueres Ferrer en una entrevista, el objetivo de dicho decreto fue quitarles el poder a los que en aquel tiempo Rodrigo Facio denominaba como la oligarquía; en efecto, a esos grupos se les pagó las acciones que tenían en propiedad en los bancos privados que se nacionalizaron, y desde ese punto de vista no vieron disminuido su patrimonio, pero ello implicó que dejaran de decidir la política económica del país.
No obstante, el poder ideológico lo mantuvieron y en la actualidad ese es el poder más importante para manejar a las sociedades. Así como lo leen, quien maneja la información tiene el poder y, probablemente, tendrá mejores opciones para lograr un mayor poder político y económico; claro está, se trata de un fenómeno complejo que puede ser explicado desde diferentes perspectivas y esta es solo una de ellas.
El poder ideológico está tan concentrado que cualquier persona que quiera o pretenda atentar contra el status quo es “quemado” mediáticamente. Para asumir algún puesto de poder en el Estado costarricense, en la mayoría de los casos, se requiere potenciar una imagen que sea reconocida a través de los medios de comunicación colectiva; en este sentido, asistimos a una relación de dependencia entre el aspirante y quienes tienen el dominio de esos medios de comunicación.
No nos estamos refiriendo a los empleados de esos medios de comunicación. Hay personas que creen que los dueños de esas empresas mediáticas son quienes aparecen en las pantallas, periódicos o se escuchan en las frecuencias de radio; quienes así piensan, no ven más allá de sus narices, están cegados por los reflectores que los mismos medios de comunicación utilizan para que veamos lo que ellos quieren que veamos.
En consecuencia, el poder mediático no solo pone o quita a las personas que asumen puestos de poder político, sino que tienen el instrumento para lograr que una o varias personas tengan o incrementen el poder económico. Las personas conocemos y estamos dispuestos a comprar determinados bienes y servicios, con base en la información que recibimos a través de los medios de comunicación.
Quienes tienen el poder ideológico no solo se hacen millonarios cobrando por la publicidad, sino que tienen el poder de limitar a las personas el uso del medio de comunicación. Lucran con el espectro radioeléctrico que pertenece al Estado, cobran sumas que son infinitamente superiores a las que pagan y controlan la información que fluye por el espectro; no hay que ser muy brillante para darse cuenta que es un negocio redondo, pero lo más relevante es que ello les permite manejar el poder político y económico del país.
La situación ha llegado a un punto en que se ha ido fusionando los grupos y en este momento hay una concentración del poder ideológico, económico y político. Los personajes que tienen esos poderes concentrados no se ven, la gente común y corriente no los conoce, son invisibles pero están ahí.
Los que vemos en los medios de comunicación son los peones de ese ajedrez. Hay gente que piensa que el “Gran Jefe” es el Presidente de la República y eso lo que muestra es la ignorancia que existe de cómo está funcionando la cosa en Costa Rica; en la actualidad el Presidente de Costa Rica, esté quien esté, no manda nada, tampoco lo hace un Diputado y ahora tampoco ningún Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Así como lo leen. El poder político real no está en las estructuras formales del Estado. Los hilos, para utilizar otra metáfora muy común, no los mueven las personas que están en los puestos de gobierno; el “Gran Jefe” no es una sola persona, son varios personajes que están más allá de la institucionalidad costarricense, las decisiones se adoptan en otros lugares y se comunican a quienes han sido puestos allí para ejecutarlas.
Entiéndalo, los que mandan no están a la vista. El verdadero rostro de los que adoptan las decisiones el pueblo no los conoce, no tiene la menor idea de quiénes son. No hay un “Gran Jefe”, son varios y actúan como una mafia.
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