Lo que se destapó con los denominados “Panamá Papers” no es nada nuevo para la gente medianamente informada. En esta columna hemos insistido en que el problema del no pago de impuestos se ha convertido en la piedra de toque del sistema tributario costarricense, es decir, el déficit fiscal que, un día sí y otro también, se achaca a los salarios de los funcionarios públicos encuentra en esta conducta una de sus principales causas.
Aquí hemos analizado varios tipos de impuestos que no se pagan. Mencionamos como el impuesto a las casas de lujo se ha burlado hasta la actualidad por medio de segregaciones formales que en la realidad no existen, también hemos hecho mención a las diferentes formas (escudos fiscales, subfacturación, etc) que se usan para no cancelar lo que corresponde por impuesto de renta.
Lo relevante es que todas estas estratagemas para no pagar impuestos ocurre con el concurso o ayuda de varios profesionales. Especialmente los abogados, los contadores y los especialistas en finanzas (no todos por supuesto) son los que asesoran a las personas que se niegan a pagar sus obligaciones tributarias; dicho en otras palabras, estas prácticas ocurren con la complicidad de estos y otros profesionales que, se supone, están sujetos al comportamiento ético que exige la profesión que desempeñan.
En Costa Rica el no pagar impuestos, al parecer, no es sancionado socialmente. A diferencia de lo que sucede en otras latitudes (Noruega, Suecia, Finlandia, por ejemplo), el no pago de los impuestos no es objeto de rechazo; al contrario, en nuestro país hay una tendencia a promover esta práctica y hasta alabar o mostrar admiración por aquellos que lo hacen y no son sancionados.
Los que no pagan impuestos son los cargas, los vivos, los inteligentes y son las personas que debemos emular. En lugar de ser denunciados y sometidos a una sanción ejemplar, entre bambalinas se suelen poner como el ejemplo a seguir; en esencia, se tiende a justificar el no pago de tributos bajo el argumento que toda la recaudación es para el pago de los salarios de funcionarios públicos.
Ahora bien, como se observa, hasta aquí hemos hablado del no pago de los impuestos. Se trata de tributos de jurisdicción nacional que no trascienden a los ingresos que se depositan o se invierten en entidades financieras extranjeras, es decir, esa es la razón de la oposición que tienen los grupos de mayores ingresos contra la modificación para cobrar un impuesto que contemple la renta global de las personas.
Evidentemente la renta global no resuelve el problema de la banca offshore. En efecto, el impuesto a la renta global opera sobre los ingresos que no están ocultos, dicho de otro modo, la confidencialidad de los dineros y de sus dueños es uno de los ejes principales de las entidades offshore y ello es lo que impide cobrar el tributo a los Estados que tienen en su legislación el impuesto de renta global.
En síntesis, estamos frente a una conducta que debe ser sancionada legal y socialmente. No es posible que se admire y se celebre a las personas que no cumplen sus obligaciones tributarias, tampoco que los trabajadores de los medios de comunicación no cumplan con su deber de informar sobre quiénes son estas personas y, finalmente, que haya profesionales que se prestan para ser cómplices de estas conductas que atentan contra el bienestar colectivo.
Así como se señalan a los delincuentes comunes, así también hay que señalar y sancionar a estos delincuentes adinerados que son antisociales, quebrantan el ordenamiento jurídico y perjudican a la sociedad como un todo.
Si en lugar de dedicarse a la evasión y a la elusión de impuestos estos personajes se dedicasen a pensar, quizá pudieran hacer realidad su anhelo de no pagar impuestos ya que les vendría al pelo aquella frase de Martín Lutero que decía: “El pensamiento está libre de impuestos”.
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