Hans Kelsen, uno de los filósofos del Derecho más relevantes del siglo XX, decía que el Derecho era un instrumento de la Política. Alguien podría decir que esa frase no tiene nada de novedosa porque desde tiempos remotos, la Política ha necesitado del Derecho para legitimar sus acciones.
Y es que la relación Política y Derecho se desarrolla en doble vía. El poder político no puede ser sólo fuerza porque no es sostenible en el tiempo, de igual manera, el Derecho no puede existir sin la fuerza que le brinda coactividad y eficacia a las normas jurídicas; en otras palabras, el equilibrio entre una y otro es necesario, para lograr impedir los excesos del poder y los formalismos de lo jurídico.
No obstante, en los últimos tiempos el Derecho y en concreto los Derechos, se han convertido en una herramienta para lograr objetivos políticos de grupos interesados en perpetuarse en el poder. En efecto, por medio de reformas integrales o parciales a la Constitución Política, a través de las decisiones de la jurisdicción constitucional o acudiendo a instancias supraestatales, se ha logrado que ciertos grupos y personajes continúen haciendo de las suyas en diferentes países.
La reelección se ha convertido en la principal herramienta para lograr mantenerse indefinidamente en el poder. Especialmente en América Latina, el fenómeno de la reelección ha sido promovido mediante reformas constitucionales, en aquellas sociedades en que los grupos han tenido gran apoyo electoral; empero, en aquellos países en que no ha sido así, se ha acudido a la jurisdicción constitucional para, amparado en supuestas violaciones a los derechos de los seres humanos, se le ha dado vía libre a la posibilidad de la reelección.
En Costa Rica, por ejemplo, se utilizó la vía de la jurisdicción constitucional. No voy a detallar lo que pasó porque la historia de cómo el cambio de conformación de la Sala Cuarta permitió abrir esta posibilidad es harto conocida, sin embargo, sí interesa decir que la manipulación de los derechos fundamentales se ha vuelto una herramienta para revestir de legitimidad lo que no han podido lograr en las urnas.
Para que nos entendamos bien, el poder real y efectivo se está desarrollando en la cúspide de la pirámide que se le atribuye a Kelsen. La legitimidad que antes era otorgada por los votos conseguidos en la urnas, ha venido siendo sustituida por la que otorga las sentencias emitidas por los siete jueces que integran la jurisdicción constitucional.
La legitimidad y legalidad de estas decisiones, vienen dadas por la situación que tienen los Derechos Fundamentales en relación con la Política y el Derecho. En relación con la primera están funcionando ya no como limitaciones al poder sino como promotores de sus objetivos, respecto al segundo, funcionan como instrumentos para validar acciones que riñen abiertamente con el ordenamiento jurídico.
La Política y el Derecho han perdido su carácter democrático. Actualmente, ambos espacios, están siendo definidos por un número reducido de personas, casi siempre, apelando a interpretaciones de normas constitucionales que se amparan en argumentos vacíos y carentes de sustento empírico.
Se acuden a justificaciones iusnaturalistas para luego adoptar decisiones que se van aplicar con una eficacia positivista. Las interpretaciones iusnaturalistas generan arbitrariedad y la eficacia positivista, resulta intolerable para el resto de las personas que integramos la sociedad; dicho en otras palabras, estamos viviendo una época en que la Política y el Derecho es definido por élites, por un grupo de personas muy pero muy pequeño.
El régimen democrático, en estas condiciones, es una farsa. Desgraciadamente, hay gente que no se ha dado cuenta de esta realidad, por ello no podemos perder de vista y olvidar lo que decía otro de los principales filósofos, Norberto Bobbio, del Derecho: Poder y Derecho son dos caras de una misma moneda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario